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TEXTO ÚNICO DE LA LEY 22 DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

TEXTO ÚNICO
De la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública,
ordenado por la Ley 153 de 2020  
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
 
Capítulo VIII
Procedimiento Excepcional y Procedimiento Especial de Contratación

Abogados en Panamá
 
Artículo 79. Causales. Las entidades o instituciones públicas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta Ley utilizarán los procedimientos de selección de contratista, fundamentando sus actuaciones en los principios de transparencia, economía, responsabilidad, eficacia, eficiencia, publicidad y debido proceso. No obstante, cuando se produzcan hechos o circunstancias por los cuales la celebración de cualquiera de los procedimientos de selección de contratista establecidos en el artículo 56 ponga en riesgo la satisfacción de los requerimientos e intereses del Estado, dichas entidades o instituciones podrán acogerse al procedimiento excepcional de contratación, siempre que realicen el estudio de mercado pertinente y reciban, por lo menos, tres propuestas que deben cumplir con las especificaciones entregadas por la institución. En los casos en que existan menos de tres proveedores, la entidad deberá presentar el respectivo sustento. El procedimiento excepcional de contratación aplicará en los casos siguientes:
Los de adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios, en los cuales no haya más de un oferente o en aquellos que, según informe técnico fundado, no haya sustituto adecuado.
Cuando hubiera urgencia evidente, de acuerdo con el numeral 56 del artículo 2, que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista.
Cuando se trate de situaciones excepcionales relacionadas con urgencias o desastres naturales, previa declaratoria del Consejo de Gabinete.
Los contratos que excedan los trescientos mil balboas (B/.300 000.00), que constituyan simples prórrogas de contratos existentes, siempre que el precio no sea superior al pactado, cuenten con la partida presupuestaria correspondiente, no varíen las características esenciales del contrato, como sus partes, objeto, monto y vigencia, y así lo autoricen las autoridades competentes. Sin embargo, cuando existan razones fundadas se permitirá que la entidad contratante otorgue prórrogas cuya vigencia sea inferior a la pactada originalmente.
En casos de arrendamientos de bienes inmuebles, en los que el Estado actúe en condición de arrendatario, se entenderá también que existe simple prórroga, siempre que el canon de arrendamiento no exceda los límites permitidos de acuerdo con el valor promedio actualizado del bien.
Para efectos de esta disposición, se entenderá como valor promedio actualizado del bien el valor correspondiente hasta dos años después de la fecha del último avalúo oficial expedido por las autoridades competentes.
Los contratos de beneficio social, entendiéndose como tales la adquisición de un bien, servicio u obra cuyo destino exclusivo, puntual y principal comprende la satisfacción de necesidades básicas de la ciudadanía o del Estado. Se entienden incluidos los proyectos relacionados con el desarrollo de recursos energéticos, hídricos, ambientales y otros de importancia estratégica para el desarrollo nacional.
Los contratos de permuta para adquisición de bienes muebles o inmuebles, previo avalúo correspondiente.
Los actos o contratos que se refieren a obras de arte o a trabajos técnicos, cuya ejecución solo pueda confiarse a artistas reputados o a reconocidos profesionales.
En los casos que se requiera contratar productos o servicios para corregimientos o comunidades en pobreza multidimensional.
Las contrataciones celebradas por la Asamblea Nacional que excedan la suma de cincuenta mil balboas (B/.50 000.00). En caso de contrataciones inferiores a este monto, estas serán autorizadas por la Directiva de la Asamblea Nacional.
Los contratos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.
Cuando el objeto de la contratación recaiga en bienes y servicios necesarios para el desarrollo de actividades de investigación científica o desarrollo de tecnologías e innovación, por parte de entidades estrictamente caracterizadas y reconocidas dentro de estos ámbitos, y no haya oferente dentro de la República de Panamá que se ajuste al nivel técnico solicitado o cuando por razones de urgencia nacional se requiera la contratación a través de este procedimiento. Esta disposición solo será aplicable a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El procedimiento excepcional para la seguridad y defensa del Estado se utilizará
para la adquisición de sistemas, equipos y armamento sofisticado, entendiendo que los bienes consumibles que utilizan los estamentos de seguridad del Estado, como municiones, armas, botas, uniformes, entre otros, no podrán ser adquiridos mediante procedimiento excepcional.
 

Artículo 80. Informe técnico fundado. Cuando las entidades contratantes utilicen el procedimiento excepcional de contratación, deberán presentar ante la autoridad competente un informe técnico fundado, el cual debe estar firmado por el servidor público responsable y avalado por el representante legal de la entidad o en quien delegue esta facultad.
El informe deberá contener, como mínimo, la información siguiente:
Antecedentes, objetivo general del proyecto y motivo de la contratación.
Especificaciones técnicas para la realización del proyecto.
Razones objetivas de por qué la entidad no puede realizar el procedimiento de selección de contratista que corresponde,
Información general del proveedor que se pretende contratar debidamente vinculado al bien o servicio solicitado.
Justificación legal y técnica de contratar con un determinado proveedor.
Cuantía y partida presupuestaria.
Tratándose de la venta de bienes del Estado en la que exista un interés social que adelante el propio Estado, solo se requerirá el informe técnico de la autoridad con mando y jurisdicción responsable del programa o que establezca el beneficio en aras del interés social. En el caso de lo relacionado con programas de titulación de tierras, cumplirá con lo establecido en la ley que regula la materia.
La titulación que realice el Estado sobre bienes inmuebles basada en derechos posesorios se regirá por las leyes especiales.
En los casos de contratos para la seguridad y defensa del Estado, se deberá justificar además lo siguiente:
Beneficios a corto, mediano y largo plazo de esta adquisición para la seguridad y defensa del Estado.
Lo que se pretende con la contratación.
Mecanismos utilizados para lograr el éxito de la contratación.
El tipo de seguridad y defensa.
 

Artículo 81. Anuncio de la intención de procedimiento excepcional de contratación. En los casos previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 79, la entidad contratante deberá publicar su intención de acogerse al procedimiento excepcional de contratación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra”, por un periodo no menor de cinco días hábiles. El aviso deberá contener el objeto de la contratación, el informe técnico fundamentado, los términos o especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta técnica y económica del proveedor, la partida presupuestaria y el modelo de contrato, de ser el caso.
Transcurrido el término antes señalado, sin que se presenten otros interesados con capacidad para proveer el bien, servicio u obra requerido, a través de medios impresos o electrónicos, la entidad contratante procederá a emitir una certificación por medio de su representante legal o servidor público autorizado, en la cual se haga constar que no se presentaron otros interesados. Cumplida esta formalidad, la entidad podrá solicitar al ente u organismo correspondiente la aprobación del procedimiento excepcional.
En caso de concurrir otros interesados, la entidad levantará y publicará en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” un informe en el cual se fundamentarán las razones técnicas que justifiquen y respalden su decisión de contratar con un solo proveedor o, en su defecto, desistir de realizar el procedimiento excepcional de contratación y convocar al procedimiento de selección de contratista correspondiente. Este informe deberá contener el orden de presentación o anuncio de los interesados, de manera presencial, escrita o por medios electrónicos, señalando el nombre de la persona natural o jurídica que corresponda. La omisión de esta información dará lugar a la imposición de la multa establecida en el artículo 18.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los procedimientos de contratación menor ni a los casos de simples prórrogas de arrendamiento de bienes inmuebles. No obstante, toda institución que requiera acogerse al procedimiento excepcional de contratación deberá registrarlo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, previo a la solicitud de aprobación ante la autoridad competente.

Artículo 82. Solicitud de autorización de procedimiento excepcional. Una vez cumplidos los requerimientos establecidos en los artículos anteriores, el representante legal de la entidad deberá solicitar formalmente a la autoridad competente la autorización de procedimiento excepcional. Junto con esta solicitud, la entidad deberá aportar toda la documentación que acredite el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y financieros de la contratación, así como las autorizaciones y aprobaciones institucionales correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes al momento de presentar la solicitud.

Artículo 83. Evaluación y aprobación de contrataciones mediante procedimiento excepcional. Una vez recibida la documentación, la autoridad competente evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Capítulo, así como la conveniencia de la contratación, conforme a los planes y políticas del Estado, quedando facultada para subsanar o devolver la documentación en caso de corrección, ampliación o rechazo de la solicitud.
La evaluación y aprobación de las contrataciones mediante procedimiento excepcional que no sobrepasen la suma de trescientos mil balboas (B/.300 000.00) le corresponde a la Dirección General de Contrataciones Públicas. En el caso de los intermediarios financieros y de las sociedades anónimas en que el Estado sea propietario del 51 % o más de sus acciones o patrimonio, aquellas se ajustarán a lo dispuesto en sus leyes orgánicas, para efectos de los contratos que no sobrepasen los trescientos mil balboas (B/.300 000.00), sin requerir la aprobación de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Artículo 84. Procedimiento especial de contratación. No será aplicable el procedimiento de selección de contratista ni el procedimiento excepcional de contratación, establecidos en esta Ley, sino el procedimiento especial de contratación, en los casos siguientes:
Las contrataciones interinstitucionales que celebre el Estado, entendiéndose como tales las que se realicen entre entidades del Gobierno Central, las que celebre el Estado con sus entidades autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales o asociaciones de municipios o de estas entre sí.
Los contratos que constituyan simple prórroga de contratos de arrendamiento de bienes o servicios ya existentes debidamente refrendados, cuando el contrato original no exceda de trescientos mil balboas (B/.300 000.00), por razones de normalización o por la necesidad de asegurar la compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios que se estén utilizando, siempre que se cuente con la partida presupuestaria correspondiente, que el precio no sea superior al pactado originalmente y no varíen las características esenciales del contrato, como sus partes, objeto, monto y vigencia. Sin embargo, cuando existan razones fundadas se permitirá que la entidad contratante, mediante el nuevo contrato, otorgue prórrogas cuya vigencia y cuantía sean inferiores a las pactadas originalmente.
En casos de arrendamiento de bienes inmuebles, en los que el Estado actúe en condición de arrendatario, se entenderá que existe simple prórroga, siempre que el canon de arrendamiento no exceda los límites permitidos de acuerdo con el valor promedio actualizado del bien. Para los efectos de esta disposición, se entenderá como valor promedio actualizado del bien el valor correspondiente hasta dos años después de la fecha del último avalúo oficial expedido por las autoridades competentes.
En los casos de arrendamiento de bienes muebles, las entidades contratantes no podrán hacer más de una renovación. Posterior a esta renovación, estarán obligados a celebrar un procedimiento de selección de contratista. En ningún caso, la sumatoria de la vigencia del contrato principal y de la simple prórroga podrá ser superior a cuatro años.
Las contrataciones de servicios legales cuyo monto no exceda la suma de tres millones de balboas (B/.3 000 000.00) o su moneda extranjera equivalente, para atender demandas ante tribunales extranjeros, incluyendo centros de arbitraje, en las que el Estado panameño sea parte.
Para efectos de esta disposición, las entidades deberán publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" los respectivos contratos, debidamente refrendados por la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción del contrato por parte de la entidad contratante.

Artículo 85. Procedimiento especial de adquisiciones de emergencia. Cuando el Consejo de Gabinete declare emergencia, las entidades estatales podrán contratar la adquisición de bienes, servicios u obras a través del procedimiento especial.
La resolución de gabinete que declare el estado de emergencia y autorice la contratación mediante el procedimiento especial de adquisiciones deberá indicar la suma total autorizada para contrataciones especiales y el periodo dentro del cual esas contrataciones podrán hacerse.
El procedimiento especial de adquisiciones de emergencia podrá utilizarse hasta alcanzar en conjunto la suma autorizada y dentro del plazo señalado.
En los casos de emergencia en los que sea necesaria la adquisición de agua y alimentos destinados para el consumo inmediato, no se exigirá la presentación de fianzas; sin embargo, el contratista a través del contrato debe garantizar a la entidad contratante su obligación de responder por los vicios de los bienes adquiridos. Igualmente, el contrato deberá establecer que el pago del contratista se hará con posterioridad a la ejecución del objeto del contrato.
Si se requirieran bienes que no puedan ser suministrados en el mercado local, las entidades quedan facultadas para adquirirlos a empresas no nacionales, aunque con la obligación de estas de registrarse a posteriori en el Registro de Proponentes del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.
Una vez concluido el término señalado en la resolución de gabinete que declaró la emergencia, las entidades contratantes presentarán al Consejo de Gabinete un informe detallado de las contrataciones realizadas. Dicho informe será publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”, a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a la presentación en el Consejo de Gabinete.
Si no se consumieron o utilizaron todos de los bienes adquiridos, los remanentes deberán ser puestos a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil del Ministerio de Gobierno o de la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia.
Las entidades deberán consultar la tienda virtual antes de acogerse a este procedimiento especial y verificar si los productos o servicios requeridos para atender la emergencia están o no incluidos en dicha tienda.

Artículo 86. Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia. La Dirección de Asistencia Social del Ministerio de la Presidencia contratará la adquisición de bienes, servicios u obras, exclusivamente con los fines siguientes:
Realizar acciones focalizadas o tendientes a combatir la pobreza de manera sostenida.
Socorrer a las personas afectadas por desastres naturales o por catástrofes provocadas por el hombre.
Implementar programas y proyectos de beneficio social, como la adquisición de bienes, servicios y obras, cuyo objetivo exclusivo sea la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos y comunidades más vulnerables del Estado, comprendidos, prioritariamente, los relacionados con el desarrollo de infraestructuras o centros educativos, comunitarios, municipales, culturales, religiosos, grupos con participación ciudadana y en desarrollo de actividades de emprendimiento de pequeñas empresas, así como la promoción de empleos en las comunidades.

Artículo 87. Contratación por mérito. El Estado reconoce la contratación por mérito como un proceso de selección de beneficiarios de subsidios económicos en las áreas de ciencia, tecnología, innovación y cultura.
La contratación por mérito es el resultado de un procedimiento de convocatoria pública, con reglas claras y principios básicos de obligatoria observancia, en el que se realiza una evaluación apropiada y transparente de la calidad de una propuesta, para labores basadas en el talento de los involucrados y en el mérito de la propuesta, como una forma de promover el desarrollo integral del país en áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura.
Corresponderá al Consejo de Gabinete determinar las entidades públicas que podrán acogerse a la contratación por mérito.
Las entidades que el Consejo de Gabinete autorice a utilizar la contratación por mérito requerirán lo siguiente:
La publicación del reglamento interno de contrataciones por mérito de la entidad, que describa, como mínimo, el proceso de la convocatoria para considerar las propuestas, el proceso de evaluación, el proceso de adjudicación y contratación, así como del seguimiento del contrato por mérito.
Un comité externo de evaluación por pares, compuesto por nacionales o extranjeros que no pertenezcan a la institución contratante y que sean entendidos en las materias relevantes para evaluar el mérito de la propuesta.
Los criterios de mérito definidos previamente en la convocatoria, como originalidad, excelencia, talento o trayectoria de los proponentes, impacto u otras características que van a ser juzgadas por el comité externo de evaluación por pares.
El acta que haga constar la recomendación final del comité externo de evaluación por pares, en cuanto a la conveniencia de la adjudicación de fondos y otras observaciones pertinentes.
En atención a la naturaleza y características de los procesos de contratación por mérito, no se solicitará fianza de propuesta, de cumplimiento o de pago anticipado; sin embargo, la entidad gestora podrá solicitar las fianzas correspondientes cuando así lo estipule en los reglamentos o anuncio de la convocatoria respectiva.